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La aplicación de la inmigración impulsa las ejecuciones hipotecarias en las comunidades latinas

A comienzos de su campaña presidencial, Donald Trump dijo que deportaría a todos los 11 millones de inmigrantes estimados que están en los Estados Unidos ilegalmente. Si el presidente mantiene su palabra, más deportaciones bajo su administración significarían pérdidas devastadoras para los propietarios de vivienda latinos legales – y para las comunidades en las que viven.
Nuevas investigaciones de un demógrafo de la Universidad Cornell sugieren que la deportación de latinos indocumentados resulta en tasas más altas de ejecuciones hipotecarias. Eso debido a que una porción considerable de propietarios de vivienda latinos legales viven con asalariados indocumentados que contribuyen con los ingresos del hogar; alrededor de un tercio de los latinos indocumentados viven en casas que son propiedad de latinos legales. Cuando esos asalariados son deportados, el hogar pierde ingreso y comienza el camino hacia la ejecución hipotecaria.
La reducción de posesión de vivienda y la pérdida de riqueza que viene con ella, ilustra cómo el estatus legal y la deportación contribuyen a la desigualdad racial, dijo Matthew Hall, profesor de análisis y gestión de políticas en Cornell. “En gran medida, el futuro de Estados Unidos va a depender de nuestra habilidad para integrar exitosamente a los jóvenes de la población latina. Independientemente de lo que suceda con la política de inmigración, la población latina continuará creciendo,” dijo Hall.
A diferencia de algunas áreas políticas, el presidente Trump no necesita la aprobación del congreso para cambiar las políticas de inmigración. “No sabemos exactamente lo que va a hacer la administración de Trump,” dijo Hall. “Pero si tomamos la palabra de Trump, deberíamos asumir que es más probable que las deportaciones aumenten. - y quizás muy dramáticamente.
Los autores encontraron que de 2005 a 2012, los latinos fueron golpeados por dos fuerzas principales: un número récord de deportaciones y la crisis de ejecución hipotecaria. El incremento en las deportaciones proviene en parte de una sección de la reforma de inmigración de 1996, conocida como 287(g), que “delegó” a las fuerzas policiales locales una libertad sin precedentes para perseguir y deportar a los inmigrantes que estaban viviendo en los Estados Unidos. A pesar de la retórica acalorada sobre la existencia de prioridades de ejecución, el número de deportaciones explotó durante los años 2000, con casi 3 millones de personas deportadas entre 2001 y 2011. Al mismo tiempo, los latinos estaban comprando casas a tasas rápidas justo cuando la burbuja de la vivienda comenzó a estallar.
Comparando las ejecuciones hipotecarias en los hogares latinos en 42 condados con la aplicación de 287(g) en condados sin ella, los investigadores encontraron que las deportaciones empeoraron las tasas de ejecuciones hipotecarias entre los latinos, al eliminar los ingresos de los hogares ocupados por los propietarios. Las tasas de ejecuciones hipotecarias en los condados 287(g) fueron 68% más altas que en otros condados similares sin 287(g).
La dinámica ayuda a explicar por qué los hogares latinos perdieron sus casas por ejecuciones hipotecarias con más frecuencia que otro grupo racial durante la colisión en la vivienda, dijo Hall. “La colisión de estas fuerzas – deportación y ejecuciones hipotecarias – fue facilitada por la rápida incorporación de latinos durante el boom de la vivienda, cuando los términos arriesgados de la hipoteca eran la norma.”
La implicación más grande es que el efecto negativo de una sola deportación, puede crear un efecto de ondulación que podría dañar a la comunidad circundante. Las ejecuciones hipotecarias resultan con frecuencia en casas desocupadas o abandonadas, llevando al crimen y a la desvinculación cívica. Eso, a cambio, puede reducir el valor de las casas en el barrio, llevando a más ejecuciones hipotecarias. Y las comunidades pierden los ingresos fiscales de esas casas. “Gran parte de la política de inmigración, desafortunadamente es impulsada por el atractivo emocional y no por el análisis costo-beneficio o algún tipo de evaluación empírica,” dijo Hall. “Mi preocupación es que mientras los esfuerzos para deportar a la gente se incrementan, no perdamos de vista cómo las deportaciones no solo destruyen familias – muchas de las cuales son ciudadanas estadounidenses – sino que también perjudican a las comunidades y economías locales.”

Issue Month: 
Wednesday, February 1, 2017