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La Organización de Naciones Unidas Debe de Categorizar a Puerto Rico Como Una Colonia Nuevamente

  • Felix Montañez
  • (AP File Photo)

   El 20 de septiembre del 2017, el huracán María llegó a Puerto Rico, destrozando la red eléctrica de la isla y dejando a millones de personas en la oscuridad. Más de cuatro meses más tarde, aproximádamente un tercio de la población de la isla permanece sin energía eléctrica, y según una investigación forense hecha por CNN, más de mil muertes parecen ser el resultado directo del huracán y la devastación tras el paso de éste. El huracán María fue, en cierto modo, un choque violento entre una historia olvidada y un futuro que se avecina: la infraestructura obsoleta de la isla no pudo contra los vientos ahuracanados (de categoría 5) desencadenados por un océano que rápidamente se calentó durante uno de los años más cálidos de los que hay constancia. Esta devastación, terrible de por si, es también el símbolo y reflejo de otra turbulencia histórica--la caída del estatus obsoleto de Puerto Rico.

   Una perspectiva histórica demuestra las causas del progreso frenado de Puerto Rico. En el año 1946, Puerto Rico estaba reconocido universalmente como un territorio no autónomo, es decir, una colonia, y aparecía como tal en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas (ONU). La Carta de las Naciones Unidas requería--y requiere--que todos los poderes coloniales rindieran informes anuales al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas sobre sus esfuerzos para realizar la auto-determinación en cada una de sus colonias. No obstante, la categorización de Puerto Rico como colonia fue de poca duración porque en el 1952 los Estados Unidos permitió que Puerto Rico adoptara su propia constitución y que se transformara en un "estado libre asociado," abriendo el camino, supuestamente, a una nueva era de autonomía democrática mediante un "pacto" entre los Estados Unidos y Puerto Rico. Puerto Rico fue quitado de la lista de territorios no autónomos de la ONU mediante un voto en la Asamblea General de la ONU, y los Estados Unidos se liberó de la carga de rendirle cuentas a la ONU sobre su territorio insular. Sin embargo, los años recientes han mostrado enfáticamente que la adopción de la constitución puertorriqueña no señaló la transición a un sistema de autogobierno democrático, sino una transición de una forma de colonialismo a otra.

   En el año 2016, la Corte Suprema destacó en el caso Puerto Rico v. Sanchez Valle que la constitución puertorriqueña  no está basada en el consentimiento de los gobernados, lo cual es el fundamento axiomático de un sistema real de autogobierno. En cambio, el gobierno puertorriqueño existe sólo a raíz de los caprichos del congreso estadounidense--un congreso en el que los puertorriqueños no tienen representación. (Un contraste histórico: Irlanda, antes de su independencia, había disfrutado de la representación democrática en el parlamento del Reino Unido desde el año 1801. Puerto Rico ha sido un territorio estadounidense durante 120 años y nunca ha tenido, hasta el sol de hoy, un representante electo con capacidad de votar en el congreso.) Puerto Rico ni siquiera tiene la soberanía limitada reservada a los estados y a las tribus indígenas dentro de Estados Unidos. El apelante en Puerto Rico v. Sanchez Valle notó que si Puerto Rico ni siquiera tiene autoridad independiente para juzgar crimenes que la constitución puertorriqueña fue, en fin, "una estafa cruel" dirigida a los puertorriqueños y a las naciones del mundo que votaron por quitar a Puerto Rico de la lista de territorios no autónomos.  Los puertorriqueños que celebran la ratificación de la constitución como un día feriado estarían escandalizados al descubrir que el congreso probablemente podría enmendar o hasta abolir a la constitución puertorriqueña sin consultar con un solo votante puertorriqueño.  El argumento en contra de la "estafa cruel" no prevaleció, pero el disentimiento del juez Breyer captura la esencia de este argumento para generaciones posteriores. En el 2016, en el caso Puerto Rico v. Franklin California Tax-Free Trust, la Corte Suprema también le negó a Puerto Rico el derecho de implementar su propia ley de bancarrota, a pesar de que las leyes federales en ese tiempo no proveían ningún mecanismo para que Puerto Rico pudiese reestructurar sus deudas.

   Estas decisiones de la Corte Suprema socavaron el futuro y significado de la constitución puertorriqueña, pero la llamada ley de gerencia, supervisión y estabilización económica de Puerto Rico del 2016, o PROMESA, por sus siglas en inglés, la redujo a una farsa. Aunque los puertorriqueños conservarían el derecho de elegir a sus representantes,  el congreso estadounidense le otorgó, en efecto, el poder de vetar al gobernador y la legislatura de Puerto Rico a una junta no electa. Esta Junta de Control Fiscal también puede emitir directivas vinculantes con efecto en toda la isla. El propósito de la Junta fue, desde luego, recuperar las inversiones de los tenedores de bonos en Wall Street, y la Junta ha mostrado que no titubeará en cumplir sus metas. El año pasado la Junta intenó despedir al ejecutivo de PREPA, la compañía de energía eléctrica puertorriqueña, y de instalar a su propio "Jefe Oficial de Transformación" quien estaría encargado de supervisar el proceso de privatización masiva de la red eléctrica. Aunque las quejas sobre la gerencia de PREPA eran legítimas, los mecanismos normales de responsabilidad democrática ya habían castigado a la malograda respuesta de PREPA al huracán María y uno de sus contratos más importantes fue cancelado. Una corte federal en Nueva York frenó a la Junta en noviembre del 2017, porque la Junta había actuado de forma prematura al no consultar lo suficientemente con oficiales electos. La Junta puede actuar de forma unilateral, pero no puede tratar a los gobernantes electos con desdén total. Se trata, en fin, de una pequeña victoria.

   A pesar de las leves restricciones de la corte federal, la imposición congresional de una junta no electa que puede pisotear a un gobierno electo es una afrenta a la autonomía democrática. Esta es una de las razones por las que puertorriqueños de diferentes bandos políticos, incluyendo el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, están reclamando que la ONU categorice a Puerto Rico como territorio no autónomo nuevamente y que presione a los Estados Unidos a completar el proceso de descolonización. El reclamo es simple: reconocer la verdad. Si el congreso estadounidense implementa una ley como PROMESA que pone las ganancias de especuladores por encima de los derechos de los puertorriqueños, todavía puede tener efectos edificantes, si acaso incómodos. Si hemos sembrado viento, cosechemos torbellino. Tal vez esto podrá destruir la fachada de gobierno democrático para que quede a la vista del mundo la decadencia de un régimen colonial.

 

Issue Month: 
Tuesday, January 30, 2018